UPyD se querella contra los gestores del Banco CEISS por un agujero de 160 millones
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra cuatro antiguos gestores del Banco CEISS, surgido tras la fusión de Caja España y Caja Duero, por cuatro operaciones inmobiliarias "desaconsejables y de escasa razonabilidad financiera" que causaron un "quebranto financiero" a la entidad de 160 millones de euros.
La querella se dirige contra el presidente de Caja Duero, Julio
Fermoso; el director de Infraestructura de la entidad, Juan Marcos
Marín; el director de Inversiones del Grupo de Negocio, Juan Ramón
Sagarmínaga, y el director adjunto, Antonio Sánchez. A todos ellos se
les atribuyen un delito de estafa agravada y otro de administración
fraudulenta o desleal.
El responsable de Regeneración Democrática de la formación, Andrés
Herzog, ha recordado que la entidad, actualmente integrada en el Grupo
Unicaja, fue rescatada con 1.531 millones de euros de "ayudas públicas" y
ha defendido la necesidad de "combatir la impunidad" de los autores de
estas operaciones.
"No puede ser que, mientras los ciudadanos siguen sufriendo
recortes y deslizándose por la pendiente de la pobreza, haya unos
señores que son los que han provocado esta situación y queden impunes",
ha dicho.
A PUNTO DE PRESCRIBIR
Herzog, que ha estado acompañado por los candidatos de UPyD en
Castilla y León, Rafael Delgado, y Zamora, José Miguel Mateos, también
ha apuntado que la querella se ha presentado gracias a la "colaboración
anónima" de un ciudadano que les hizo llegar informes sobre las
operaciones denunciadas, que estaban "a punto de prescribir".
De igual modo, ha denunciado la "enorme opacidad" con la que se
está haciendo el "proceso de depuración de responsabilidades de las
cajas de ahorro" y ha lamentado que tenga que ser UPyD la que acuda a
los juzgados en lugar de "la Fiscalía, las propias entidades, el Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y, en definitiva, el
Gobierno".
COMPRA DE INMUEBLES DE LUJO
Las operaciones inmobiliarias denunciadas consistieron en la compra
de un edificio en la calle Marqués de Villamagna, en pleno distrito de
Salamanca de Madrid, con un coste de 100 millones de euros; el inmueble
María La Brava de Salamanca (18 millones); un local en la plaza del
Ayuntamiento de Valencia (18 millones) y las participaciones sociales de
la empresa Alqlunia Duero (25 millones).
Todas las actuaciones, que se ejecutaron "con una inusual rapidez" y
conllevaron "procesos de financiación y refinanciación, cancelación de
deudas, pago de altas comisiones a intermediarios y la inversión en
sociedades con una precaria situación económica o patrimonial", eran
"desaconsejables" desde el punto de vista financiero, según los
querellantes.
Además, los responsables de la entidad habrían utilizado
"información financiera no fiable", ya que había informes que
desaconsejaban estas operaciones, y "presuntamente engañaron a los
órganos internos de Caja Duero con el fin de obtener el visto bueno"
para desarrollar estas actuaciones.
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
La querella se acompaña de los informes que "expertos jurídicos
independientes" realizaron a petición del Banco CEISS, siguiendo las
recomendaciones efectuadas por el FROB. La formación magenta recuerda,
además, que tras la ejecución de estas operaciones la entidad se vio
obligada a emitir obligaciones subordinadas por valor de 200.000 euros
por su "falta de liquidez" y la "necesidad de buscar fuentes de
financiación".
A este respecto, Delgado ha recordado que es la tercera entidad
bancaria de Castilla y León contra la que UPyD ha tenido que presentar
una denuncia, al tiempo que ha lamentado "la falta de control por parte
de los órganos que tenían que velar por el dinero de todos los
castellano-leoneses y todos los españoles".
FUENTE: www.eldia.es
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