El Ayuntamiento de Valladolid incrementará en los próximos meses su
parque de viviendas de alquiler social gracias a un acuerdo que el
Consistorio y Banco Ceiss firmarán en breve. El alcalde, Francisco
Javier León de la Riva, anunció ayer, tras el pleno municipal, que se
está ultimando el convenio mediante el cual la entidad financiera cederá
varias viviendas –las cifró en cuarenta, aunque acotó que no sabía si
era el número definitiva– para que a través de la Sociedad Municipal de
Suelo y Vivienda (VIVA) puedan ser utilizadas por familias que hayan
sufrido procesos de desahucio a cambio de una renta acorde a sus
ingresos. Estos pisos se sumarían a los 43 propiedad del Ayuntamiento
que se destinan a personas en riesgo de exclusión y a otros doce del
patrimonio de VIVA que están reservados para unidades familiares que se
han quedado sin techo tras un proceso de lanzamiento. Esta iniciativa,
añadió el máximo responsable municipal, se quiere extender a otras
entidades que trabajan con el Consistorio.
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El primer edil, quien avanzó que en este momento se ultiman los
flecos con el Banco Ceiss, desveló esta iniciativa después de que el PP
rechazara en la sesión una moción presentada por el Grupo Municipal
Socialista en la que se instaba a la Junta a que aprobase un decreto
para dar cobertura a la expropiación forzosa de viviendas de personas en
especiales circunstancias en emergencia social, una medida que puso en
marcha la Junta de Andalucía y que ha sido recurrida por el Gobierno
central ante el Tribunal Constitucional. El PSOE también solicitaba que
el Consistorio instara al Gobierno regional a tomar medidas para
favorecer la reestructuración de la deuda hipotecaria, así como la
aportación de fondos del presupuesto municipal para facilitar el
alquiler social o ceder a la Junta viviendas de propiedad municipal. «De
lo que se trata es de no dejar a nadie muerto y enterrado», sostuvo
Óscar Puente, quien fue respaldado en su moción por Izquierda Unida. La
concejala de esta coalición, María Sánchez, acusó al PP de mediar en
algunos casos concretos «solo porque se trataba de la época navideña» y
de no hacer una política de atención global a este problema, al mismo
tiempo que recordó que, según los datos del Consejo General de Poder
Judicial, en Valladolid se siguen produciendo dos desahucios al día. «Lo
suyo con los desahucios son lágrimas de cocodrilo», le espetó al PP.
El portavoz popular Jesús Enríquez acusó a ambos grupos políticos de
«engañar a la gente y manipular a los más desfavorecidos» con un modelo,
el andaluz, «fracasado», «que solo benefició a dos familias de aquella
comunidad». Enríquez, quien tachó al PSOE y a IU de practicar
‘Podemitis’, en referencia a las promesas de la formación de Pablo
Iglesias en temas sensibles, recalcó que precisamente la Junta de
Castilla y León acaba de recibir un reconocimiento de la ONU por la
gestión de este problema de calado social. El portavoz popular subrayó
que además de colaborar en el programa de la comunidad, el Ayuntamiento
aporta su parque de viviendas y en 2014 destinó 987 ayudas de emergencia
por importe de 588.870 euros para que las familias pudieran hacer
frente a los gastos hipoteca o alquiler.
El anuncio del alcalde tras la sesión plenaria provocó el enfado de
Izquierda Unida, que ya por la tarde envió una nota de prensa acusando
al alcalde de malas prácticas democráticas por reservarse una
información básica sobre el tema del que se había debatido en el pleno.
«Es una práctica aberrante, de abuso de poder, por la que el alcalde
hace un uso abusivo de su posición», lamentaron.
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