Ni participaciones ni preferentes
Enrique Mendoza Díaz.
En
estos días se han cumplido dos años desde que UPyD presentó una
querella por estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas,
administración fraudulenta y desleal y maquinación para alterar el
precio de las cosas, contra todos los miembros del consejo de
administración de Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros, que
ostentaban esta responsabilidad al tiempo de su salida a bolsa. Y
también, dos años de las primeras sentencias de los Tribunales de
Justicia sobre las participaciones preferentes.
En
principio, las participaciones preferentes como producto financiero no
planteaban ninguna objeción desde el punto de vista jurídico.
Y
esto a pesar de su complejidad técnica y de los elevados riesgos para
los potenciales inversores. Las objeciones, los conflictos, las
injusticias surgieron con su comercialización.
Y, en
particular, a clientes con ninguna o escasa aptitud para comprender de
una manera completa las características del producto cuya contratación
les proponía el director de su oficina «de toda la vida», habitualmente
de una caja de ahorros. Según las estadísticas sobre afectados, más del
ochenta po ciento ofrecen un perfil de ahorrador tradicional («de
cartilla y plazo fijo») y mayores de 70 años… Personas que, en la
mayoría de los casos, tras una vida de trabajo, esfuerzo, sacrificios y
privaciones depositaron sus ahorros -y su confianza- en entidades
financieras, sin ser conscientes de estar contratando un producto de
altísimo riesgo.
La venta masiva de participaciones
preferentes a ciudadanos de a pie o, en términos jurídicos, a clientes
minoristas o consumidores, es sin duda el mayor fraude económico de
nuestra historia reciente, salvando las distancias, como en su momento
sucedió con la tragedia del aceite de colza. Les dijeron que eran como
el depósito a plazo fijo pero con más intereses pero no les dijeron que
el riesgo era elevado, que no estaban cubiertas por ningún fondo de
garantía, que no tenían plazo de vencimiento y que para su venta había
que acudir a un mercado secundario que no tenía liquidez inmediata.
La
consecuencia de la insaciable voracidad de algunas entidades
financieras, y de sus agresivas políticas comerciales, ha sido que casi
un millón de ciudadanos se han visto gravemente perjudicados en sus
economías. Las denominadas «participaciones preferentes» están
mereciendo la reprobación de los ciudadanos y de los Tribunales porque,
deliberadamente, se trata de un término que induce a engaño ya que ni
son participaciones en sentido mercantil y porque no incorporan ningún
derecho que, en rigor, pueda calificarse como preferente. A excepción,
del «derecho» a participar en las pérdidas o riesgo patrimonial del
emisor…
Afortunadamente los jueces y magistrados, en la
mayoría de los casos, están haciendo Justicia declarando la nulidad de
los contratos cuando así se lo han demandado los perjudicados. Sin
embargo, todavía, están pendientes de concretarse las responsabilidades
de quienes diseñaron, autorizaron y comercializaron un producto
financiero que ha dañado la vida (más allá de lo económico) de miles de
personas. Y, en particular, la responsabilidad de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y del Banco de España en el ejercicio de sus
funciones de obligada supervisión de las entidades financieras.
Y
también está pendiente la responsabilidad de los políticos del Partido
Socialista y del PP que legislaron a favor de que las empresas pudieran
financiarse a través de los eufemísticamente denominados como
«territorios de baja tributación» o popularmente conocidos como paraísos
fiscales.
Aquí está el origen de un problema que, además
de los efectos comentados, perjudicó, también gravemente, a los
accionistas que con la «deslocalización» perdieron las competencias que
la ley otorga a su junta general y, sobre todo, el grave perjuicio a
todos los ciudadanos españoles («Hacienda somos todos») porque las
empresas emisoras de participaciones preferentes, domiciliadas en
paraísos fiscales, dejaron de pagar en España miles de millones de euros
en impuestos. En fin, esto es lo que hay… por ahora.
FUENTE: www.diariodeleon.es
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