jueves, 24 de abril de 2014

Preferentes. Catalunya Banc rechaza 7 de cada 10 reclamaciones pese a recibir 12.000 millones del Estado

De 69.237 solicitudes de arbitraje, la entidad nacionalizada ha aceptado sólo 23.124. En 2013 ganó 500 millones y ha provisionado 200 más para hacer frente a demandas judiciales de los afectados
Catalunya Banc, presidido por José Carlos Pla y controlado por el Estado, ha sido el más duro de los tres bancos nacionalizados a la hora de facilitar recuperar su dinero a los inversores minoristas que compraron preferentes. Ha rechazado el 70% de la reclamaciones, frente al 24% de Bankia (más de 180.000 solicitudes) y el 33% de Novagalicia Banco, ya vendida a un grupo venezolano.
La entidad catalana recibió más de 12.000 millones de euros en ayudas públicas para evitar la bancarrota, el Gobierno ya ha insinuado públicamente que será difícil que el Estado recupere todo ese dinero con su venta, pero Catalunya Banc se ha negado a aceptar las reclamaciones de arbitraje de siete de cada diez afectados por las participaciones preferentes y deuda subordinada.
Es la fotografía que deja a fecha del pasado 31 de diciembre el proceso de arbitraje que el Gobierno obligó a abrir a las entidades públicas debido a que Bruselas impedía a los bancos rescatados devolver a los inversores todo el dinero invertido. En marzo, la entidad ha abierto un nuevo proceso, pero sólo para decidir qué hace con las 29 solicitudes pendientes de analizar.
De esta forma, Catalunya Banc únicamente deja la vía de los juzgados para los más de 40.000 afectados que han sido rechazados. “La mayoría de los juicios los están ganando los estafados, más del 90%, así que sólo es una manera de ganar tiempo. Aunque hay que ver cada caso, lo normal es que el banco acabe perdiendo”, aseguran desde un bufete de abogados experto en demandas por estos productos.

Beneficios de 532 millones

Catalunya Banc se encuentra en pleno proceso de venta, y lo normal por tanto es que el comprador herede este problema. La entidad asegura en su informe financiero anual remitido a la CNMV que ha provisionado 200 millones de euros para hacer frente a los posibles efectos de los juicios pendientes en relación con las preferentes. Según sus datos, en estos momentos hay procesos abiertos por valor de 87,7 millones de euros.
Pese a esa provisión de 200 millones, el banco ha declarado en 2013 unos beneficios de 532 millones de euros, frente a los casi 12.000 millones de euros de pérdidas del año 2012. El motivo de este cambio viene en parte precisamente por las plusvalías obtenidas por el canje de las preferentes y la quita impuesta por Bruselas.

No hay para más pagos

La razón que ha esgrimido el banco catalán para rechazar las reclamaciones de los preferentistas es que no tiene solvencia financiera para afrontar más pagos.
La consultora encargada por Catalunya Banc para gestionar los arbitrajes ha sido Ernst & Young. Según una carta enviada por esta empresa a uno de los afectados, desvelada por el diario El País, el banco rechazaba automáticamente todas las solicitudes de arbitraje de los inversores que superaran los 40.000 euros debido a esa falta de solvencia.
“Aunque se salta todas las reglas impuestas por el FROB para este tipo de procesos, el hecho de que en 2012 el banco perdiera casi 12.000 millones de euros podría justificarlo. Pero, ¿qué pasa ahora que en 2013 ganó más de 500 millones de euros?”, se preguntan en un bufete experto en estas reclamaciones.

Dureza en los arbitrajes

La entidad catalana ha sido la más dura de las nacionalizadas, a la hora de permitir los arbitrajes y resolver este problema por la vía rápida.
Bankia ha comunicado en las últimas semanas que 'sólo' ha rechazado el 24% de las peticiones y que ya ha devuelto su dinero al 64% de los afectados. Mientras, según aseguró el nuevo director general de Novagalicia Banco, Francisco Botas, la entidad gallega ha aceptado “dos de cada tres” arbitrajes y está negociando con las plataformas de afectados una solución satisfactoria para ambas partes.
NOTA: Un portavoz oficial de Catalunya Banc, David Igual, se ha puesto en contacto con ECD. Afirma que estos datos se corresponden a la situación de las preferentes en la entidad a fecha de 31 de diciembre. Sin embargo, asegura que la evolución de los arbitrajes ha sido más positiva en los últimos meses. Arroja ya en este momento más de 37.000 reclamaciones enviadas a la Agencia Catalana de Consumo para que sean resueltas en los próximos meses.

FUENTE: www.elconfidencialdigital.com

lunes, 21 de abril de 2014

Bankia indemnizará a un matrimonio que compró preferentes en la oficina donde trabajaba su hija

El juzgado de Primera Instancia número 22 de Valencia ha condenado a Bankia a indemnizar con 41.550,76 euros a un matrimonio de edad avanzada que compró participaciones preferentes en la oficina en la que trabajaba su hija, según consta en una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press. El magistrado estima que ni los propios empleados de Bankia conocían las verdaderas características de este producto.

   Según ha explicado el abogado del matrimonio, Eduardo Barrau, fue la hija, empleada de Bankia personal, la que sin conocimiento de los propios riesgos del producto, vendió los preferentes a sus propios padres. Ha indicado que la hija no recibió ninguna formación sobre las preferentes, y tan solo se le dijo que tenía que venderlas para cumplir objetivos.

   Esta resolución es "importante", ha agregado el letrado, porque se trata de la primera de España en la que se condena a Bankia por una infracción contractual, por negligencia en la formación y asesoramiento de sus empleados respecto a los productos preferentes, ha comentado.

   El matrimonio demandante era cliente de una oficina de Bankia de Valencia desde hacía años, ya que su hija era empleada de esa entidad, hasta el año 2011. La pareja vendió una casa en el pueblo valenciano de Bocairent por 65.000 euros, y de esta cantidad, en octubre de 2005 invirtió 45.000 euros en participaciones preferentes. Ya antes habían invertido en lo mismo otros 6.000 euros. En total, 51.000 euros.

   El juez señala en la sentencia que es "conocido" que Bancaja --ahora Bankia-- tenía problemas de liquidez, y como no podía obtener dinero en los mercados internacionales, los directivos de la entidad "decidieron colocar, entre otros, este producto de las participaciones preferentes entre sus clientes minoristas", muchos de ellos personas mayores y con perfil netamente conservador como si fuera un depósito a plazo fijo, sin ningún riesgo.

   La entidad emisora del producto --continúa-- era del grupo, y ofrecía la garantía de que tenía liquidez, pues funcionaba un mercado secundario de canje, y el rendimiento era realmente atractivo, del orden del 7 por ciento, con la particularidad de que a diferencia de los plazos fijos, si se cancelaba, no había penalización.

   Así lo presentaban los empleados de Bancaja a sus clientes, "pues así creían que eran las características de este producto", ya que no se dio una formación a los empleados sobre el mismo y, por tanto, no se informaba al cliente de las verdaderas características. La "realidad" era --añade-- que se trataba de un producto de riesgo, en absoluto asimilable a un plazo fijo, era de duración perpetua, y si la entidad tenía problemas económicos, podía no cobrar el rendimiento o, incluso, perder su dinero y darse falta de liquidez.

   "Así ocurrió en el año 2012", y los clientes, entre ellos el matrimonio, "se vieron sorprendidos al enterarse de las verdaderas características de este producto que habían adquirido, cuando creían que era asimilable a un plazo fijo; y para intentar recuperar su dinero accedieron al canje por acciones de Bankia, pero se consideraron engañados y en alguna medida perjudicados".

CASO "ESPECIAL"

   El magistrado destaca que éste es un caso "especial" y "un tanto distinto" a los que se están viendo sobre preferentes, puesto que lo que pretendía el matrimonio era que le abonasen los daños y perjuicios como consecuencia de la operación de compra del producto. Bankia, Bancaja Eurocapital Finance S.A. y Banco Financiero y de Ahorro S.A. se opusieron. Los primeros al entender que la operación fue correcta y la de canje también; y la última alegó la falta de legitimación pasiva, según se recoge en la sentencia.

   A la vista de la prueba practicada, el juez entiende que "no puede decirse" que la entidad bancaria actuara correctamente, ya que, en primer lugar, se trataba de un producto "totalmente inadecuado" para personas que tenían una edad avanzada, perfil minorista y ultraconservador.

   En segundo término, ha afirmado que ni los propios empleados conocían las "verdaderas" características del producto y la realidad económica de Bancaja y, si las conocían, tenían la creencia "errónea" de que era asimilable a un depósito a plazo fijo, "idea que transmitían a los clientes".

   En tercer lugar, el juez señala además que los clientes conocieron la "verdadera naturaleza" del producto cuando dejaron de percibir sus rendimientos y se les propuso el canje por acciones de Bankia. Por tanto, considera que "de alguna medida" en este caso denunciado ha habido una infracción contractual que genera una indemnización por daños y perjuicios, de la que tiene que hacer frente Bankia, la entidad emisora Bancaja Eurocapital Finance y la entidad cabecera de todo el grupo B.F.A.

FUENTE: www.europapress.es

 

Un banco tendrá que indemnizar por daños morales a una afectada por preferentes

Es la primera vez que una entidad bancaria tendrá que indemnizar a una clienta, a la que además tendrá que devolver el dinero 

El juzgado de primera instancia número 2 de Santander condena a Liberbank a indemnizar con 4.000 euros a la conocida atleta cántabra, Zulema Fuentes Pila, así como a la devolución completa de su inversión en preferentes.

La atleta cántabra invirtió en 2009, 54.000 euros en preferentes de Caja Cantabria, siendo asesorada, en ese momento, por el director de la sucursal donde tenía abierta una cuenta corriente y creyendo que se trataba de un depósito a plazo fijo.
En la sentencia, el magistrado manifiestaque la afectada desconocía el riesgo de este producto y que se dejó guiar por los consejos del personal de Caja Cantabria, entidad integrada en la actualidad en Liberbank.
A ello, añade, que desde entonces, Fuentes Pila, "viene sufriendo una bajada en su rendimiento en razón a la ansiedad que le inspira la posible pérdida de sus ahorros, teniendo que ser atendida por un gabinete psicológico y generando un daño moral por el que se exige la compensación".
El caso de Fuentes Pila, señala su abogado, Diego Sarabia, no es frecuente. Se trata de una mujer joven, atleta, a la que ha interferido en su vida familiar y personal. La sentencia describe, incluso, que la atleta en una competición tuvo que aportar la publicidad de la empresa que se había quedado con su dinero de manera irregular. El fallo obliga a la entidad bancaria a indemnizar por daños morales con 4.000 euros a la atleta y a la devolución completa de la inversión realizada, 54.000 euros. Zulema Fuentes Pila, especialista en 3.000 metros obstáculos y finalista de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, cuenta con un currículum deportivo del primer nivel.
 
 FUENTE: www.cadenaser.com

 

Unicaja amortiza deuda para digerir la compra de Banco CEISS

  • La entidad andaluza anticipa el pago de 275,6 millones de euros de varias emisiones de bonos.
  • Medel logró ‘el premio’ del negocio financiero de las antiguas Caja España y Caja Duero, a cambio de las ayudas del Estado.
Unicaja compró en marzo del castellano leonés Banco CEISS en buenas condiciones: mientras gane, me aprovecho de ella y si pierdo, ahí te quedas. Estaba claro que el presidente, Braulio Medel (en la imagen) se estaba aprovechando de que el Gobierno no podía permitirse más nacionalizaciones, cerrado ya como estaba con Bruselas el rescate bancario. Parece que está superando esa compra y que la cosa no va mal, aunque no hay que olvidar que el Estado se dejó un dineral en CEISS, que era la condición de Medel para comprarla. Esta mañana comunicaba a la CNMV que ha amortizado anticipadamente 275,65 millones de euros procedentes de tres emisiones de bonos garantizados. En otras palabras, empieza a amortizar deuda y está menos apalancada.
Unicaja confirmó a finales de marzo la compra como filial del Banco Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (CEISS), que mantuvo a duras penas hasta entonces el negocio financiero de las antiguas cajas de ahorro Caja España y Caja Duero. Unicaja obtenía, después de tres años de complejas negociaciones, su premio por ser una de las pocas cajas de ahorros que ha salido indemne de la reforma financiera.
La caja andaluza ha procedido hoy lunes, en concreto, a una amortización anticipada de  3.732 títulos -por un valor nominal conjunto de 186,6 millones de euros- pertenecientes a la primera emisión de bonos garantizados que la entidad registró en la CNMV en marzo de 2012.
También ha amortizado 796 títulos -por valor de 39,8 millones de euros- correspondientes a la segunda emisión de dichos bonos, así como otros 985 títulos, por importe de 49,25 millones de euros, de la tercera emisión del mismo folleto.

FUENTE: www.hispanidad.com

Gallardón indulta por Semana Santa a un director de oficina de banco que robó a un cliente

La Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad de Valladolid pidió el perdón al condenado, que trabajó en el Santander durante 11 años
Era el único empleado de la oficina de Esguevillas de Esguerra
Había sido condenado a dos años, cuatro meses y 15 días por robar 30.000 euros a un cliente
La Audiencia Provincial y el Supremo rechazaron sus recursos
Es uno de los 21 indultos concedidos a las cofradías este año
 
Cada año, cuando se acerca la Semana Santa, el Gobierno concede una ronda de indultos a distintas cofradías de todo el país. La tradición continúa en 2014 con 21 medidas de gracia,  dos de ellas del consejo de ministros de este viernes y pendientes de publicación oficial y otras 19, las que nos ocupan,  anunciadas tras la reunión del Ejecutivo del pasado 4 de abril y cuyos nombres completos y delitos conocemos hoy tras su  publicación en el BOE.
Entre todos ellos se encuentra el  indulto a Francisco Segundo Domingo Vaquero, concedido a la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad de Valladolid. Domingo había sido condenado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con otro delito continuado de apropiación indebida por extraer dinero de la cuenta de uno de sus clientes cuando era director de una sucursal del Banco Santander.
Además de director, Domingo era el único trabajador de la oficina situada en Esguevillas de Esgueva, un pequeño municipio de Valladolid de unos 300 habitantes, donde trabajó durante 11 años y hasta mayo de 2003, según relata la  sentencia. Desde ese puesto, emitió y rellenó recibos de disposición de fondos,imitando la firma de uno de sus clientes, para llevarse parte de sus fondos. Así lo hizo hasta en tres ocasiones, que sumaron casi cuatro millones de pesetas. Además, engañó a un par de vecinos para, en una de sus transacciones, conseguir sacar de esa cuenta otras 1.370.000 pesetas.
Así, en total extrajo unos cinco millones de pesetas de entonces, unos 30.000 euros, que ahora deberá devolver con intereses a la familia de su cliente, que denunció estos hechos en 2005, un año después del fallecimiento del titular de la cuenta. Además, la sentencia dictó una pena para él de dos años, cuatro meses y 15 días de cárcel, además de inhabilitación para el empleo en la banca durante el tiempo de la condena. Gracias al indulto, queda reducida a dos años y, si el juez responsable lo decide así, podrá eludir la cárcel.
Domingo fue condenado hace menos de un año, el 16 de mayo de 2013, en sentencia del Tribunal Supremo, que rechazó su recurso. Esta velocidad en la concesión de la medida de gracia no es habitual, ya que la mediana de tiempo entre condena e indulto es de 2,71 años, como  demuestra  El Indultómetro. Antes de acudir al Supremo y después de ser condenado en un juzgado de primera instancia de Valladolid, había recurrido ante la Audiencia Provincial de Valladolid, también sin éxito.

21 indultos a las cofradías

Este es uno de los 19 indultos concedidos a las cofradías el pasado 4 de abril. En 2013 este tipo especial de indulto sumó 21 perdones y en 2012 fueron 16. A Domingo se suman este año 11 condenados por delitos contra la salud pública, tres por tráfico de drogas, uno por falsificación de moneda, otro por falso testimonio, otro por los delitos de falsedad en documento oficial, apropiación indebida e intrusismo y uno más por lesiones. Este  último se concedió en cumplimiento del privilegio otorgado por el rey Carlos III a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús el Rico de Málaga.
En ese mismo Consejo de Ministros el Gobierno concedió otros dos perdones, estos sin relación alguna con la Semana Santa, a condenados por delitos contra la salud pública. A todos ellos se sumarán, cuando lleguen al BOE, otros dos indultos concedidos en el Consejo de Ministros de este mismo viernes también a las cofradías, con lo que la cifra de perdones religiosos de este añoasciende a 21.
En total, 2014 acumula ya 6o indultos publicados en el boletín oficial. El ejecutivo de Rajoy, por su parte, lleva en su cuenta particular 798 medidas de gracia desde que llegó al poder.
 
FUENTE: www.eldiario.es

Ahorros sin Caja

Ni león ni toro, ni león ni españa, ya no hay Caja y Banco Ceiss es una filial de Unicaja, nuevo capítulo financiero y fin de más de un siglo de filosofía social del ahorro

El escenario financiero de hoy se parece muy poco no al de ayer, sino al de hace apenas un minuto. Cambios de vértigo, mercados globales, modelos capaces de competir y sobrevivir con solvencia y, sobre todo, una crisis que ha dejado al aire las vergüenzas de un sistema que presumía hace pocos años de tener las espaldas cubiertas ante eventuales dificultades. Con forceps y grandes cantidades de dinero público (nacional y europeo, y también de los ahorradores, a los que se obliga a asumir pérdidas mientras se desentraña si la naturaleza de sus intereses era de ávidos inversores o de confiados ignorantes) se ha gestadoun nuevo sistema financiero del que se han barrido las cajas de ahorro, hasta hace no tanto orgullo del modelo patrio.
No era oro todo lo que relucía. Ni siquiera era latón. Mientras la mayoría de los hoy convertidos en reajustados bancos miran al frente y pugnan por dejar escondidos bajo la alfonbra los desaciertos (cuando no abusos) de gestiones movidas por presiones políticas y urbanísticas, la esencia filosófica con la que nacieron las cajas de ahorro queda aparcada en los libros de historia.
En realidad, a juzgar por los desmanes evidenciados a golpe de informes de expertos financieros y hombres de negro de la exigente troika, aquel espíritu ilustrado que pretendía redimir los vicios dilapidadores de las clases humildes, a la vez que librarlas de la usura de las casas de banca y otras fórmulas de abusos prestamistas hacía mucho tiempo que había pasado a mejor vida. Ahí está el caso de los estafados por las participaciones preferentes y la deuda subordinada. O los desmanes hipotecarios. O los créditos para incentivar un consumo insostenible.
Aquí y ahora, en el contexto de esta espiral vertiginosa, se cierra otro capítulo de la más que centenaria historia de lo que nació como la caja de ahorros leonesa, y vivió (con sus altos y sus bajos) décadas de crecimiento y apuesta por la tierra. Hasta que las presiones financieras fueron apretando las tuercas para sumar fuerzas (o despropósitos) en una carrera por fortalecer la entidad local que se ha estrellado ahora con la conversión de la caja (ahora Banco Ceiss) en una filial de la malagueña Unicaja. Una filial que mantiene su nombre e imagen parar no perder más clientes y depósitos, y para salvaguardar a la saneada andaluza de las ataduras del descalabro de la que se concibió como músculo financiero de Castilla y León.
Un empeño del control político por ir sumando activos entre las posibilidades domésticas que se tradujo en una gran entidad financiera en Castilla y León, Caja España-Duero, que no fue capaz de atraer a otras cajas locales más pequeñas (acabaron fagocitadas por otros proyectos con mejor o peor suerte en el proceso de reestructuración) y que sumó más debilidades que fortalezas para alumbrar una caja que en los últimos tres años se ha ido desangrando. Despeñándose en una caída que hoy ve el fin, pero que no ha acabado todavía.
Unir las dos grandes cajas autonómicas para diseccionarlas después en el análisis de viabilidad europeo, y obstinarse a renglón seguido en ofrecerla a una entidad solvente del sector cuya única preocupación (lógica, al fin) durante tres años ha sido que el desastre castellano y leonés no contagie en lo más mínimo sus cuentas ni hipoteque su futuro, tiene hoy una clara traducción en cifras para lo que fue el proyecto de la gran caja autonónica.
En números redondos se pierden unos 2.500 empleos (no más a costa de recortes entre los que se quedan); casi 500 sucursales cerradas; ayudas públicas que suman 4.740 euros (parte se dan por perdidas, otras tendrá que devolverlas en solitario Ceiss); una reducción del negocio en un 45% sobre las cifras de 2010; la imposibilidad de operar fuera de su zona histórica (Castilla y León, Cáceres y Madrid, aunque estas últimas cada vez más cercenadas en las condiciones impuestas); limitación al negocio minorista de particulares y pymes; prohibición de meter mano en el negocio inmobiliario (tras deshacerse de más de 3.100 millones en activos tóxicos que traspasó a la Sareb); limitaciones a la concesión de créditos;... Y la deuda pendiente con más de 30.000 ahorradores entrampados en el escándalo de las preferentes.
Con estos mimbres afronta su nueva etapa histórica aquella institución que hace más de un siglo consiguió nacer, tras años de intentos, con la ilusión de la filosofía ilustrada de la Sociedad Económica de Amigos del País.
Una filosofía arraigada en los pósitos, los almacenes de grano y lugares de préstamo nacidos en la etapa medieval para aliviar a los más desfavorecidos con sus cosechas y calmar hambrunas. Desde 1835 se debate en León sobre la necesidad de crear una caja de ahorros y un monte de piedad inspirados en estos principios. Hasta el Gobierno aprobó entonces una ley para impulsar aquellas instituciones «destinadas a fomentar el ahorro entre las clases laboriosas, mediante cortos y periódicos ingresos que con el interés proporcionado contribuirán a propagar el espíritu de la economía, y con él la inclinación al trabajo».
En 1839 el Gobierno decretó que se creara en cada provincia una caja de ahorros y un monte de piedad, juntos o por separado; con fines también humanitarios y caritativos.
La intención y la legislación sobre estos principios fueron sucediéndose a lo largo del siglo, pero no era tan fácil poner en marcha el proyecto, a juzgar por cuánto se tardó en materializar en la provincia. Tenían los próceres clara, eso sí, la finalidad de la institución: «Estimular el ahorro para erradicar dos defectos muy extendidos en este sector social: el lujo y la holganza».
No fue hasta final del siglo XIX cuando se redactó un reglamento para fijar los criterios de la institución que debía ponerse en marcha en León. Sus objetivos se centraban en «aliviar el infortunio del necesitado, atacar la usura por considerarla un grave mal social, facilitar los medios para hacer ahorros que contribuyan al mejoramiento de las costumbres y al estímulo del hábito de la previsión».
Ya entonces se decidió también que la caja de ahorros estaría gobernada por un consejo en el que estuviera representada la sociedad con capacidad de decidir. En aquel momento, el gobernador civil, los diputados provinciales, el juez, el alcalde y el obispo; además de siete vecinos accionistas y empresarios de «reconocido prestigio». Además, claro, de los representantes de la Sociedad de Amigos del País. Un plantel que se ha mantenido hasta nuestros días, con las adaptaciones necesarias.
El caso es que finalmente, a mitad de 1898, la sociedad comienza a sentar definitivamente las bases de la caja de ahorros. Tras dos años de trámites, el 14 de marzo de 1900 se constituye el consejo de administración.
En otro orden de cosas la caja nace con mejores intenciones que recursos. Aquellos impulsores leoneses no tenían ni siquiera un local donde iniciar la andadura de la entidad que estaba llamada a cambiar los hábitos y las condiciones de la clase trabajadora. Hasta el punto que consiguieron una modesta oficina, pero tuvieron que poner en marcha una suscripción popular para dotarla de muebles y material de oficina. Finalmente la caja inició su historia con un capital de 4.814,5 pesetas.
Incluso quienes abrieron las primeras cartillas se comprometieron a no sacar el dinero depositado en el plazo de un año, de forma que la entidad pudiera tener algunos fondos.
El 2 de diciembre de 1900 abrió sus puertas la Caja de Ahorros de León, y una semana más tarde inició su andadura el Monte de Piedad. Ramón Pallarés fue su primer presidente.
En el primer ejercicio consiguió 402 clientes y un saldo de 301.579 pesetas. Los impositores obtenían un interés del 3% en sus cartillas por los depósitos; mientras que se cobraba un 5% por los préstamos hipotecarios, un 6% en los de garantía personal, un 7% en el empréstito de alhajas y un 8% en el de ropas y muebles.
En sus primeros veinte años de vida la caja volcó su actividad en dos aspectos fundamentalmente: la colaboración con el Instituto de Previsión (que dio lugar a la Caja Provincial de Previsión) y el mundo agrario, inmerso entonces en una grave crisis.
El impulso del crédito agrícola, pero también del asociacionismo agrario, junto con la preocupación por mejorar las explotaciones, centraron aquellos primeros años de vida de la Caja de Ahorros. Y lograron que buena parte de los agricultores accedieran a fórmulas que no les arrojaban en manos de quienes prestaban entonces créditos tan abusivos que muchos de los trabajadores acababan perdiendo sus tierras.
En 1901 la caja formalizó 53 préstamos, por un valor de 32.045 pesetas. En 1920 fueron 125.628 los préstamos concedidos, con una inversión de casi 16,8 millones de pesetas. En sus primeros veinte años de vida la caja prestó a agricultores y ganaderos más de 289 millones de las pesetas de entonces, en condiciones que podían asumir.
El ámbito de actuación de la caja fue ampliándose a otros sectores, pero las miras de la institución empezaron a volverse también hacia la presencia física en las zonas de la provincia donde las perspectivas de negocio eran mejores.
En abril de 1906 la caja abrió sus primeras sucursales en Astorga, Pola de Gordón y Palazuelo de Órbigo; y poco después en Valencia de Don Juan y Sahagún. En mayo de 1948 abre la primera oficina en Ponferrada, concretamente en la Puebla. La red se va extendiendo por toda la provincia hasta terminar los años 80 con unas 90 sucursales. Una de ellas, en Madrid.
El crecimiento del negocio fue constante hasta final de la década de los 20, cuando la crisis frena los créditos. Era la inestabilidad previa a la Guerra Civil.
Finalizada la contienda, la actividad de la Caja de Ahorros de León sigue acaparando el creciente ahorro de los leoneses. Entre 1936 y 1939 los depósitos pasan de 76,5 a 97,2 millones de pesetas, y en 1945 llegan a los 175 millones.
Paralelamente la actividad asistencial de la Obra Social de la entidad se intensifica en aquellos años, con atención y financiación tanto a hospitales y centros de beneficencia como a escuelas. Sin desatender un Monte de Piedad donde en aquellos años se empeñaba todo cuanto algún valor tenía.
Si a día de hoy el Monte sólo admite metales nobles y piedras preciosas, las joyas de aquellos días pasaban por abrigos y enseres varios del hogar, ropas de vestir y de la casa,...
La caja no olvidó nunca su apoyo a la educación, desde becas para estudios a centros educativos, que ha mantenido hasta hace muy poco. En 1946 se inauguraron las escuelas de Nava, y en 1949 las de La Milagrosa. En 1963, la escuela de Puente Castro. Al margen, a través de Amigos del País, se fomentó siempre la enseñanza de oficios, desde corte y confección o bordado hasta vidrieras artísticas.
Aunque la gran obra de la Caja de Ahorros de León en materia de formación fue el empeño en conseguir la Universidad. En 1972 se creó el Colegio Universitario de León, adscrito a la Universidad de Oviedo; para poner en marcha primero Filosofía y Letras y después Derecho. Y de ahí, el Campus para cuya construcción la caja compró una finca de 300.000 metros cuadrados en La Palomera.
Las innumerables actividades culturales, que determinaron también la posesión de un fondo artístico de incalculable valor, fueron otra de las constantes de la Obra Social hasta hace muy pocos meses.
Desde los años 40 hasta finales de los 90 la caja de ahorros vive un periodo de imparable crecimiento, con una actividad estable y saneada y una vinculación con la provincia, sus gentes y sus necesidades, que tomó carta de naturaleza de la razón de ser de la entidad financiera.
Así llegó a 1988, cuando el Gobierno autonómico de Castilla y León comenzó a impulsar operaciones para unir y fortalecer un abanico de entidades de implantación local del que no querían perder la vinculación al territorio, pero que requería una mayor capacidad económica para afrontar mayores retos.
Las negociaciones entre distintas cajas autonómicas se llevaron en secreto, bajo la premisa, ya entonces, de la necesidad de fortalecer el tejido financiero de la Comunidad ante las nuevas exigencias que ya entonces mostraban los mercados.
Unir el potencial de Caja León con el de Caja Salamanca era el objetivo principal de la Junta en aquel momento. Eran las dos cajas con mayor volumen y peso. No fue posible el acercamiento.
Así que la Junta optó por unir más entidades más pequeñas. El 23 de abril de 1988 las asambleas de cinco cajas autonómicas ratificaron el apoyo a un proceso negociador que se prolongó por dos años, y que gestó Caja España.
Se unieron en aquel proyecto Caja León, Caja Zamora, Caja Palencia, Caja Provincial de Valladolid y Caja Popular de Valaldolid. Nació Caja España, la entidad más grande de Castilla y León y la décima del país por volumen de activos. En 1989 Caja León había adquirido también la Caja Rural Comarcal del Bierzo.
La sede de la entidad se fijó en el histórico edificio Botines de León, donde desde hacía décadas tenía su sede la caja local. Una caja que aportaba al proyecto conjunto casi la mitad de sus recursos totales, y una situación enormemente saneada.
Caja España nació oficialmente el 15 de junio de 1990. De entre los numerosos bocetos que se manejaron se eligió el logotipo de un toro, que se mantiene hasta ahora. El objetivo del proyecto conjunto era adquirir volumen para poder operar con solvencia en el nuevo escenario financiero que se dibujaba, para lo que también era necesario un salto tecnológico.
Se gestó así el edificio de Puente Castro, una central que a día de hoy sigue siendo uno de los principales activos de la entidad.
En el momento de la fusión Caja España sumaba 1.743 empleados y 365 oficinas repartidas por cuatro provincias. En una década pasó de gestionar 0,5 billones de pesetas a 1,5 billones; cuadruplicó los créditos y alcanzó las 547 oficinas en su plan de expansión.
Pero también tuvo que hacer frente a situaciones comprometidas. Por ejemplo la amortización de la compra del Banco de Fomento, que se realizó en diciembre de 1993. Un desembolso de 29.000 millones de pesetas que le permitió comenzar a operar en Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, Cantabria, Madrid, Aragón y La Rioja. Pero que sumió a la entidad en pérdidas en los meses siguientes.
Tardó dos años en recuperar la estabilidad, tras realizar un duro proceso de saneamiento basado en la dotación de provisiones para insolvencias y en la amortización anticipada de la compra del Fomento.
Caja España se consolidó entonces como la décima en volumen de negocio gestionado en el ránking nacional. En quince años el volumen de ahorro de los clientes gestionado casi alcanzó los 18.000 millones de euros, y los créditos superaron los 11.500 millones. A finales de 2005 trabajaban en la entidad 2.901 empleados, y tenía 550 oficinas en 32 provincias españolas.
Un proceso de crecimiento que, alentado por la bonanza económica y ajeno a la crisis económica que arrasaría poco después con el sistema financiero existente, fijó en 2007 un plan estratégico a cuatro años con el objetivo de lograr en 2010 los 300 millones de euros de beneficio, las 700 oficinas y 500 empleados más.
La expansión de la zona de negocio seguía siendo un objetivo, ganar tamaño parecía entonces vital: se accedió a los mercados donde no estaba presente, con oficinas en Andalucía, Levante y País Vasco. La caja abrió también sucursales en Portugal, y en el plan estratégico se contemplaba el desembarco en México.
El descalabro económico internacional sorprendió a Caja España en este proceso, e impuso una realidad muy distinta a esos planes.
A finales de la primera década del nuevo siglo desde la Junta de Castilla y León se impulsa la creación de lo que se dio en denominar el músculo financiero de la Comunidad, que pretendía sumar las cajas operativas en la Comunidad para crear una entidad fuerte y competitiva en el nuevo escenario que se dibujaba.
No fue un proceso fácil, y al final (tras desligarse Caja Burgos de la operación en el último momento) quedaron solas en la negociación Caja España y Caja Duero. Las peleas de los políticos locales de cada entidad por acaparar sedes y servicios retrasaron una operación que se cerró en 2010. El 5 de enero los consejos de administración de ambas cajas aprobaron el acuerdo de fusión en Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Las asambleas lo ratificaronen junio. La sede social y la presidencia se fijó en León, y la dirección general en Salamanca.
La operación ya requirió el apoyo financiero del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que recapitalizó la nueva entidad con 525 millones de euros que desembolsó en participaciones preferentes.
La integración se materializó pues con ayuda pública, y también con las nuevas exigencias de la reestructuración financiera como consecuencia de la crisis encima de la mesa. La nueva entidad no tuvo apenas tiempo de hacer planes, más allá de cumplir las exigencias de las autoridades económicas.
El proceso de reestructuración pasaba finalmente por la desaparición del modelo de cajas de ahorro, la segregación de sus negocios financieros en bancos y la desaparición de aquellas insolventes. Al final en menor medida de lo previsto por el elevado coste, económico y de imagen, que suponía esta drástica medida. Una decisión que favoreció al banco surgido de Caja España, Salamanca y Soria (Banco Ceiss), para el que las autoridades europeas dictaminaron la nacionalización y subasta ante la imposibilidad de seguir adelante en solitario.
No así en compañía de Unicaja, porque ya para entonces las negociaciones con la caja malagueña (también segregado su negocio financiero en Unicaja Banco) ya estaban sobre la mesa.
Lo que al final ha resultado la integración de Banco Ceiss como filial en Unicaja Banco ha sido un largo proceso de tres años de duro tira y afloja, con la permanente amenaza por parte del presidente de la andaluza, Braulio Medel, de romper la baraja y con la consecución de una serie de ventajas que han satisfecho el objetivo de dos de las partes: del Gobierno, que no tiene que hacerse cargo de una nacionalización cuyo coste cifró en unos 1.000 millones de euros; y de Unicaja, que ha conseguido blindar sus intereses y que la entidad con sede en León, y sobre todo el Estado, logren el visto bueno de la Comisión Europea para hacerse cargo de todos los costes, actuales y futuros, que puedan surgir (sobre todo de las demandas de los preferentistas). Todo ello sin que ninguna institución estatal entre a formar parte del accionariado de Unicaja.
Así cierra más de un siglo de evolución de la entidad financiera con sede en León. Casi 114 años de crecimiento para volver a las raíces de su negocio y su territorio, aunque esta vez con el peso de una valoración negativa. Caja España vale, según las autoridades, -288 millones de euros. Pero sigue en pie. Le espera una dura tarea.

FUENTE: www.diariodeleon.es

El futuro de una caja sin recursos ni estructura

Una vez segregado el negocio financiero en el Banco Ceiss, Caja España-Duero se queda con el patrimonio, la Obra Social y el Monte de Piedad. Con una diferencia: no tiene recursos. Su dotación provenía de la parte establecida de los beneficios de la entidad financiera, que ahora forman parte de otro negocio. No sólo no habrá Obra Social, sino que parece imposible mantener el legado de la que ha funcionado durante más de un siglo.

Abandonado el barco del negocio financiero por la representación política, y concentrados quienes siguen al frente del banco en mantenerlo a flote; la caja ha quedado en tierra de nadie atada al lastre de mantener no ya sus fines benéficos y culturales, sino meramente un patrimonio costoso sin recursos ni capacidad para generarlos. 

La Junta de Castilla y León debe establecer las bases de la fundación que gestionará esta caja, pilotada ahora por un puñado de empleados «cedidos» temporalmente por el banco. Una patata caliente que lleva meses evitando con la excusa de los cambios regulatorios en el sector.

La tarea social de la caja leonesa es consustancial a su existencia. Al margen de sus principios fundacionales, contra la usura y para ayudar a las clases menos favorecidas, fueron constantes sus donaciones a casas de caridad, hospicios, escuelas y hospitales,... En 1933 ya se legisla para establecer la doble vertiente de las cajas de ahorros, financiera y social, ajena al lucro. La atención a las necesidades sociales y sanitarias y a la educación son sus dos líneas de actuación prioritaria. 

Es a partir de los años 60, con la mejora de las condiciones económicas del país y la provincia, cuando la Obra Social se vuelca también en mejorar la economía rural, presta mayor atención a la promoción cultural y busca nuevas fórmulas de mejora de la sociedad. 

Hasta ahora, Caja España articulaba su Obra Social a través de cuatro líneas de actuación: cultura y tiempo libre, asistencia social y sanitaria, educación e investigación y patrimonio. La infancia y los ancianos, junto con los colectivos menos favorecidos, eran sus principales objetivos. 

El patrimonio que tendrá que gestionar y mantener la fundación que se forme ahora para gestionar Caja España-Duero pasa por numerosos edificios, algunos de ellos de gran valor como Botines en León o las sedes de Salamanca. Varias salas de exposiciones, los fondos documentales, y un fondo artístico que sólo en otras de arte suma más de 10.500, 7.000 de ellas cuadros. Más de 10.000 piezas tiene también la colección etnográfica. 

También forman parte de la Obra Social terrenos de la Universidad de León, colegios como La Milagrosa, centros culturales, bibliotecas, centros de formación, instituciones de tiempo libre (como la de Sierra del Brezo o fincas en Salamanca, o el área de la naturaleza de Monfragüe en Cáceres).
Varios colectivos han denunciado que las labores asistenciales desaparezcan en un momento de necesidad.

FUENTE: www.diariodeleon.es

 

Asociación gallega se incorpora a la Coordinadora Nacional sobre preferentes

La recién creada Asociación gallega de Consumidores y Usuarios (Acouga) se ha incorporado a la Coordinadora Nacional de Afectados por Participaciones Preferentes, que conforma junto a la Asociación de Clientes Financieros, la Asociación AdaBankia, el colectivo "15mparato" y la Red contra la corrupción.

Fuentes de esta plataforma, anunciada esta semana en Madrid, han informado a Efe de sus nuevos integrantes, con los que aspira a reivindicar conjuntamente que los arbitrajes de las cajas de Galicia, Cataluña y de Castilla y León tengan "tratos igualitarios" y sin "discriminaciones de unos clientes frente a otros".

"Partimos de la base de que las iniciativas de los clientes y su punto de vista para resolver la estafa cometida con los clientes en Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y el grupo CEISS por la venta de preferentes y subordinadas deben ser tenidas en cuenta por igual", sostienen en el argumentario de creación de la coordinadora.

En el mismo denuncian que las resoluciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han sido realizadas "vulnerando el derecho de los consumidores" por eludir el trámite de audiencia.

Sobre las responsabilidades de los ejecutivos de las entidades nacionalizadas, aseguran que tanto los sueldos, como las indemnizaciones y pensiones que han cobrado son "desorbitadas" y "de retorno", por lo que "si han provocado la quiebra de sus entidades deben devolver los sobresueldos cobrados".

La Coordinadora Nacional de Afectados por Participaciones Preferentes cuestiona "por ineficaz e ilegítima" la forma en la que se están gobernando los consejos de administración de las entidades nacionalizadas porque "las ayudas públicas no serán devueltas" y "los clientes son además de estafados, ajenos por completo al gobierno de las entidades y están al margen de sus decisiones".

"Son necesarios nuevos instrumentos de gobierno en la banca, de ahí que esta Coordinadora pretenda ser un instrumento de contribuya a crear un portavoz de los clientes ante la banca y ante el Estado", asegura.
A su juicio, es necesario un pacto nacional sobre el sector financiero que incluya al Estado, la banca y las asociaciones de clientes y que se traslade a la Unión Europea.

FUENTE: http://www.finanzas.com

CAJA ESPAÑA-DUERO: Dietas no confesadas de los consejeros


León de la Riva (izquierda) cobró en dietas 141.900 euros. José Antonio de Santiago-Juárez cobró 109.440 euros. Ambos consejeros de Caja España-Duero. Detrás de ellos, Luis Minguela, exjugador del Real Valladolid y actual alcalde Laguna de Duero, modelo de honradez en la filas del PP.
León de la Riva (izquierda) cobró en dietas 141.900 euros. José Antonio de Santiago-Juárez (derecha) cobró 109.440 euros. Ambos consejeros de Caja España-Duero. Detrás de ellos, Luis Minguela, ex-jugador del Real Valladolid y actual alcalde  de Laguna de Duero, modelo de honradez en la filas del Partido Popular.
Ya no es secreto el fraude que venía cometiendo la entidad Caja España-Duero con la venta de preferentes y deuda subordinada, desde mediados de la década anterior. Al enfado de los ahorradores por el citado fraude se han unido los escandalosos datos aparecidos en el informe de auditoría de Caja Duero y Caja España entre los años 2005 y 2011; aparece un amplio ‘ranking’ de dietas percibidas por reuniones del Consejo de Administración. Unas cantidades mareantes en algunos casos y que han ido a parar a manos de gente muy conocida en Castilla y León.

Al menos 61 miembros del Consejo de Administración no tenían reparo en ‘poner el cazo’ cuantas veces fuera necesario. En muchos casos, no entendían nada sobre inversiones y productos financieros, o al menos así lo han declarados algunos de ellos en los medios de comunicación, no sé si por miedo a lo que se les venía encima o simplemente porque eran sinceros, aunque tarde y a destiempo.

Lo curioso del caso es que, cuando se dejan de percibir dietas, la mayoría deja de asistir a las reuniones de ese Consejo y ni siquiera se atreve a convocar la última de las reuniones quien estaba obligado a hacerlo. Por un lado se percibía el miedo y, por otro, estaban atenazados los miembros del Consejo por la responsabilidad que se les achacaba, fruto de la irresponsabilidad que habían cometido durante años.

Hasta tal punto eso es así que, sobre todo los políticos en activo, veían con buenos ojos cada una de las propuestas de Unicaja de cara a la absorción que se ha producido hace unos días, aunque esas fueran descabelladas. Se amparaban siempre en los planteamientos del FROB y en las versiones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de quienes en esta ocasión nos reservamos la opinión sobre el ‘fraude sobre fraude’ que ambas han cometido con los ahorradores, ya que cambiaron las reglas de juego a mitad del partido. Ante todo, los políticos pretendían quitarse de encima ‘el mochuelo’ de lo que sabían que estaba muy mal hecho, de ahí que hayan quedado como simples aprovechados.

También la Junta de Castilla y León mostró una irresponsabilidad abrumadora, como lo ha demostrado en tantos y tantos casos. Esta institución se ha limitado a mirar al tendido, permitiendo que Caja España y Caja Duero hicieran daño a los ahorradores. No sé para qué estaba en ese Consejo de Administración el consejero de Presidencia y portavoz del Partido Popular quien, por cierto, entre 2004 y 2011 se embolsó 109.440 euros por sentar sus posaderas, sin más, en el Consejo. Pero téngase en cuenta que no menos daño hizo el actual consejero de Economía y Empleo que, sin cobrar dietas, se metió en ‘charcos’ imprevistos e hizo declaraciones hirientes para los ahorradores, de ahí la importancia de no votar a las listas electorales donde figuren este tipo de ¿representantes dañinos?.

En otra ocasión entraremos de lleno en las cantidades que se han embolsado los 61 consejeros a los que antes aludíamos; unos del PSOE, otros de las universidades, otros del PP, muchos de los sindicatos clasistas, alguno de la Unión del Pueblo leonés, varios del CSICA de Caja España y Caja Duero… y más, muchos más. Por cierto, quien más ha cobrado en dietas ha sido el catedrático de Psicología de la Universidad Pontificia que se ha embolsado 313.830 euros en dietas. Como decía con ironía un importante cargo del PP, hoy ninguneado en su partido: “casi se ha embolsado en dietas lo que cobra cualquier trabajador sin cualificación”. ¡Manda huevos!

FUENTE: www.jesaal.worldpress.com

 

El Tribunal de Cuentas eleva a 1.130 millones el coste público de sanear Ceiss

El FROB, que compró preferentes para dotar de liquidez a la entidad, cobró intereses por más de 82 millones

El Tribunal de Cuentas ha elevado a más de 1.130 millones de euros el dinero aportado por el FROB para sanear Ceiss antes de su venta por Unicaja, una cifra sensiblemente mayor a la manejada hasta ahora. Según el «Informe de fiscalización de la legalidad de las actuaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, del Fondo de Garantía de Depósitos y del Banco de España relacionadas con la reestructuración bancaria» la cantidad se reparte entre 525 millones del FROB 1 que fueron destinados a adquirir participaciones preferentes -para dotar a la entidad de liquidez-, 604 millones derivados de la última actuación oficial y más de un millón y medio que fue destinado a «Informes y valoraciones y due diligence», documento este último en el que se recogían los compromisos de Ceiss de cara a la fusión con Unicaja. Al contrario de lo sucedido en otras entidades, en Ceiss todo el dinero necesario para su saneamiento ha salido del FROB, por lo que no han participado ni el Banco de España ni el Fondo de Garantía de Depósitos.

El informe del Tribunal de Cuentas refleja que el FROB, al comprar preferentes por 525 millones de euros, cobró más de 82 millones de intereses antes de que la entidad suspendiera su abono, algo que afectó tanto a los minoristas como al organismo público. Aquí llegó uno de los fallos del FROB, a juicio del Tribunal de Cuentas. El organismo regulador «no preveía un escenario en el que se diera la imposibilidad de recompra de las preferentes» por parte de la entidad, algo que finalmente ha sucedido. Los 525 millones de euros, que inicialmente debían ser devueltos al erario público, nunca han regresado y ya no lo harán. Ese dinero se «perdió» cuando el fondo de rescate se vio obligado a recapitalizar la entidad para evitar que tuviera que ser liquidada. 

Sin embargo, y esto no lo refleja el Tribunal de Cuentas, el FROB ha aportado más dinero del que aquí se recoge. Aunque el propio organismo regulador ha defendido la aportación como algo ajeno a lo que se entiende por «inyección de dinero público» lo cierto es que las presiones de Unicaja han hecho que el FROB tenga que destinar más de 400 millones de euros a compensar a los preferentistas que hayan ganado sus juicios. De acuerdo con el pacto alcanzado el FROB correrá con el 71% de los gastos judiciales de las reclamaciones y el resto será responsabilidad de Ceiss. Unicaja, gracias a las negociaciones, ha escapado de este escenario.

La cantidad de recursos públicos comprometidos con Ceiss es superior a otras entidades como Cajasur -2,3 millones- o Banca Cívica, que ha necesitado 977 millones de euros según los cálculos del Tribunal de Cuentas. Aun así, la deriva de la caja regional ha salido mucho más barata para los ciudadanos que la de otras entidades. Bankia necesitó 22.426 millones de euros, Catalunya Banc 12.054 y el Banco de Valencia más de 11.800.

FUENTE: www.laopiniondezamora.es 

Primera condena por una demanda colectiva contra las preferentes

La sentencia obliga a Bankia a devolver 197.000 euros a 15 clientes

 
Un juzgado de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) ha dado la razón a 15 afectados por participaciones preferentes que presentaron, colectivamente, una demanda contra la entidad que las había vendido. Según el despacho de abogados Col·lectiu Ronda, que representa a los clientes, es “la primera demanda colectiva en Cataluña” que se resuelve a favor de los perjudicados. En su sentencia, la juez obliga a Bankia —que se hizo con Caixa Laietana, la entidad emisora— a devolver 197.000 euros por la venta irregular de dos productos financieros complejos: las participaciones preferentes y la deuda subordinada.

“En contraste con lo que es habitual en los juzgados catalanes”, señala el bufete, la juez admitió resolver la demanda de forma conjunta. La resolución concluye que ninguno de los clientes “tenía conocimientos financieros ni bancarios, ni la cualificación y la experiencia necesarias para tomar sus propias decisiones de inversión”. La juez declara nulo el contrato de venta de las preferentes al considerar que Caixa Laietana ofreció una información “parcial e incompleta” sobre el producto y no explicó los riesgos de sufrir pérdidas de capital.
 
FUENTE: www.ccaa.elpais.com
 

Condenan a un banco a devolver 22.000 euros de un contrato de obligaciones subordinadas

El juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cáceres, ha declarado nulo un contrato de compra de obligaciones subordinadas que un matrimonio de la localidad cacereña de Torrejoncillo suscribió en junio de 2009 con el Banco de Caja de España de Inversiones, Salamanca y Soria, y obliga a la entidad a devolver 22.000 euros a los demandantes.

Así, el juez considera nulo el contrato firmado por Martina C.U y Manuel G.L y la entidad bancaria, y obliga al banco a devolverles la citada cantidad con aplicación del interés legal devengado desde el instante en que se materializó la correspondiente orden de compra.

Según se recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la orden de compra de las obligaciones subordinadas "no se advertía a los adquirentes de los riesgos del producto" y "no existían folletos o trípticos informativos en la sucursal y tampoco les fueron entregados a los actores" que ya disponían de una cuenta corriente y un producto de renta fija que venció y fue sustituido por las obligaciones subordinadas en la misma entidad.

Por su parte, en el juicio, el banco insistió en que los demandantes "recibieron toda la información tanto verbal como por escrito, precontractual y contractual" y que la mujer realizó un test de conveniencia de suscripción del producto, documento que el juez considera "falso" porque en él se dice que "está bastante familiarizada con las obligaciones subordinadas, que ha hecho inversiones en productos de inversión en el último año y que tiene estudios medios" cuando ha cursado hasta Bachillerato.

Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cáceres en el plazo de veinte días a partir de su notificación a las partes.

FUENTE: www.hoy.es

 

El Congreso rechaza modificar la ley para evitar quitas a preferentistas

Lo había pedido por unanimidad la Cámara gallega

   La Comisión de Economía del Congreso ha rechazado este martes la propuesta del BNG que reclamaba modificar la legislación con el fin de evitar las quitas a los titulares de preferentes y subordinadas --que ya les fueron aplicadas el año pasado-- y recuperen todo su dinero.

   Los nacionalistas gallegos pedían que se devuelva la totalidad del dinero a los titulares de acciones a consecuencia del canje obligado de sus preferentes, y que se les informe "con transparencia" sobre la situación actual de sus ahorros.

   El Bloque proponía modificar la Ley de Reestructuración y Resolución de entidades de crédito para garantizar que los ahorradores titulares de instrumentos híbridos no queden sujetos a las acciones de gestión y puedan recuperar todo su dinero sin ninguna quita en posibles crisis futuras. Una iniciativa que contenía estas peticiones fue aprobada en el Parlamento gallego el pasado mes de marzo por unanimidad de los grupos.

   La portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, ha explicado que el objetivo de su iniciativa es "que la resolución de estos asuntos no tenga que llegar al ámbito judicial" y que se pueda dar una solución "definitiva" para todos los afectados de España.

   Asimismo, la iniciativa pedía blindar de cualquier desahucio a los afectados por la estafa de las participaciones preferentes que aún no hayan recuperado su dinero y que tengan tanto la hipoteca como los títulos híbridos en la misma entidad bancaria.

   Se planteaba así que los poseedores de preferentes o deuda subordinada que, en la misma entidad, sean titulares de un préstamo hipotecario para su primera vivienda y que "se haya demostrado que son incapaces de asumir el pago de la cuota" no puedan ser víctimas de una ejecución hipotecaria o de otras garantías mientras no se les devuelva íntegramente el nominal invertido.

HACE FALTA UNA SOLUCIÓN UNIVERSAL

   A favor de esta propuesta se ha manifestado el portavoz adjunto de Economía del PSOE, Antonio Hurtado, quien aboga por una "solución universal" a este problema para que todos los afectados recuperen su dinero, algo que a su juicio pasa por una auditoría de oficio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y por la "devolución íntegra del nominal, sin ningún tipo de quita".

   En el mismo sentido, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, cree que dado que las sentencias judiciales están "dando la razón" a los estafados, lo "lógico" sería no aplicar a estas personas las mismas medidas de gestión del capital que a un acreedor ordinario, sino que "deberían tener derecho a recuperar su dinero, como estafados que son".

   También Inmaculada Riera, de CiU, coincide con la meta última de la propuesta de los nacionalistas gallegos de que todos los afectados por el problema puedan recuperar su dinero, y considera "adecuadas" las vías para ello que se enuncian en el texto. "Cualquier iniciativa que vaya en la dirección de ser más transparentes, de instaurar normas justas que permitan a los pequeños inversores víctimas de una estafa recuperar su capital y garantizar reglas de juego basadas en el conocimiento mutuo de las mismas tendrá nuestro apoyo", ha añadido.

YA SE HAN TOMADO MEDIDAS

   Sin embargo, la 'popular' Irene Garrido ha defendido que el Gobierno ya ha tomado medidas para resolver el problema de los preferentistas, comenzando por los propios arbitrajes autorizados para los ahorradores, y también ha aprobado normativas para evitar que esta situación se pueda repetir en el futuro.

   A renglón seguido, ha afeado a los nacionalistas gallegos que ahora planteen esta propuesta cuando durante los dos años de legislatura no han parado de "poner continuamente palos en las ruedas a las medidas que se están llevando a cabo para reducir el impacto de la mala comercialización de estos productos entre destinatarios equivocados".

   Además, ha recordado que sólo un 2% de los minoristas afectados han renunciado a acudir voluntariamente al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para obtener liquidez, "a pesar de que no era ninguna cortapisa para poder acudir posteriormente a litigios vía judicial o vía arbitral". En cualquier caso, la diputada ha admitido que estos accionistas involuntarios deben "estar informados de cuál es la situación actual de sus acciones con total transparencia".

   "Lo que tenemos que hacer es luchar hasta el final para que no quede ningún estafado sin que recupere sus ahorros, pero también tenemos que poner las bases para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. Seguiremos trabajando mientras quede un solo estafado por la mala comercialización para que recupere el 100% de sus ahorros, y lo haremos desde la responsabilidad y desde la protección. Pero utilizar el sufrimiento como estrategia política puede ser rentable para alcanzar un titular, pero no es suficiente para solucionar un problema", ha concluido.

FUENTE: www.europapress.es

Dujo pide la dimisión en bloque de la directiva de Asaja en Valladolid

La organización que dirige Lino Rodríguez pedirá el detalle de todos los gastos en dietas que cobra el presidente regional
 

Dujo pide la dimisión en bloque de la directiva de Asaja en Valladolid
Dujo, pensativo, durante una de las sesiones del foro económico de El Norte. / G. VILLAMIL
 
El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha pedido la dimisión «en bloque» de la Directiva de Asaja en la provincia de Valladolid y esta ha calificado esa decisión de «sospechosa» e «incomprensible». A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, Asaja Valladolid ha insistido en que es «sospechoso e incomprensible» que el anuncio de la macroquerella a su exgerenteprovoque la «petición inmediata» de Donaciano Dujo de expulsar a toda la Ejecutiva provincial.

Para Asaja- Valladolid esto significa que Dujo «o bien está siendo presuntamente chantajeado por Fernando Redondo o, presuntamente, actúa en connivencia con él con el objetivo de apartar a la Directiva provincial de la Ejecutiva regional». La OPA ha expresado también sus «fundadas sospechas» ante la posibilidad de que la decisión de proponer una gestora para Valladolid tenga el «único objetivo» por parte de Donaciano Dujo de hacerse con el capital social, humano y económico de la provincia vallisoletana, un hecho que, según ha advertido, es «estatutariamente del todo ilegal».

 
 
Asaja- Valladolid ha pedido a Dujo que, para que quede fuera de toda sospecha, se una a la macroquerella que la Ejecutiva provincial va presentar contra su exgerente provincial al mismo tiempo que ha anunciado que va solicitar formalmente todas las cuentas, extractos, contabilidad, documentos fiscales de la OPA a nivel regional y de sus filiales de autónomos, de las cajas de ahorros y de sus sociedades limitadas domiciliadas en su sede social.

Además, Asaja Valladolid va solicitar las actas de las dos personas de la regional presentes en los consejos de administración de Caja España y Caja Duero «para ver que decisión adoptaron, tanto por acción o por omisión, cuando se acordó el tema de las preferentes que tanto daño han hecho a los ahorradores del campo».

La organización provincial que dirige Lino Rodríguez va pedir que se detallen todos los gastos en dietas que el presidente regional cobra mensualmente fuera de lo que se denominan gastos generales de representación. «Asaja Valladolid ha sido siempre leal y ha apoyado todas las decisiones y reivindicaciones de la regional, especialmente cuando Dujo decidió despedir a su ex gerente», ha recordado por último la Directiva provincial en este escrito en el que asegura haber echado en falta la presencia de su líder regional en «reivindicaciones y conflictos ásperos y difíciles» que suponían defender los intereses concretos de los agricultores y ganaderos «frente al poder establecido», como en el caso de la N-122, la expropiación forzosa de tierras en el Macropolígono Area Canal de Castilla o el céntimo sanitario entre otras.
 
FUENTE: www.elnortedecastilla.es

El Banco de España y la CNMV traban la investigación penal de las preferentes

Los dos reguladores responden con evasivas a peticiones de información de la Audiencia Nacional e incluso llegan a cuestionar su procedencia

El camino para la depuración de las responsabilidades penales que se pudieran derivar de las sucesivas emisiones de participaciones preferentes habidas entre 2008 y 2012 en Bankia y en las cajas de ahorros que la integraron sigue estando lleno de obstáculos, hasta el punto de que hoy parece más cercano el archivo de las actuaciones que la imputación formal de algunos ex altos cargos de esas entidades. Los últimos en entorpecer y, por ende, retrasar las pesquisas están siendo el Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es decir, los dos órganos reguladores con competencias en todo este polémico asunto.

Aunque la labor de ambos institutos ha evidenciado claras lagunas, tachadas incluso de dejaciones conscientes por algunas acusaciones particulares en el caso de las preferentes, la propia Sala de lo Penal de la Audiencia ya rechazó a finales de febrero que sus responsables anteriores, Miguel Ángel Fernández Ordoñez (BdE) y Julio Segura (CNMV), pudieran ser imputados por ello. Según aquellos magistrados, «no existen elementos» que permitan demostrar que «contribuyeron consciente, voluntaria y materialmente al perjuicio de los inversores». La Sala de lo Penal entendía entonces que tal suposición era «incompatible» con la intervención de tales instituciones en este caso. Sin embargo, y a la vista de lo que viene ocurriendo en las últimas semanas, varias acusaciones particulares empiezan a tener la sospecha de que algo se puede estar ocultando por parte del Banco de España y la CNMV, en aras a cerrar cualquier opción de que el Estado pudiera ser declarado responsable civil y, por extensión, tuviera que responder de eventuales indemnizaciones. 

 
 
Ambos reguladores están trabando la marcha de la investigación que dirige Andreu, a base de responder con evasivas a algunas de sus peticiones de documentación o dar información parcial en otras, lo que ha llevado ya a algunos abogados a plantear una queja formal ante el juez y pedirle que vuelva a solicitar esos datos. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de sendos informes correspondientes al período comprendido entre marzo y junio de 2009, en el que las cajas que luego formaron Bankia comercializaron hasta 3.000 millones de euros en preferentes, una petición que la autoridad bancaria ha zanjado aportando únicamente dos borradores en vez de los dictámenes oficiales que sí ha entregado respecto al resto de los años.

La clave de dichos informes, según algunas acusaciones, es que podrían evidenciar que el Banco de España permitió las emisiones de «productos perpetuos con alto riesgo financiero» sin mayores trabas pese a admitir por escrito las elevadas incertidumbres que se cernían sobre el crédito de las entidades investigadas. En otros casos, lo que hace el organismo que dirige Luis María Linde es pasarse la pelota con el órgano que encabeza Elvira Rodríguez respecto a cuál de ellos es el competente para responder una u otra cuestión, o bien limitarse a ofrecer respuestas escuetas.

Advertencia al instructor
Más llamativa aún es la actitud de la CNMV, que incluso llega a cuestionar la procedencia de los requerimientos de información hechos desde la Audiencia Nacional. Así, en una de sus últimas respuestas prácticamente se arroga el papel de juez al analizar las querellas que dieron origen a este caso y advertir al instructor que «no justificarían las peticiones formuladas». En otras ocasiones, tacha de «excesivamente genéricas» las solicitudes de Andreu y evitan darles respuesta. 

Su última contestación ha sido revelar ahora al juez que ha abierto sendos expedientes sancionadores a las entidades investigadas por las preferentes -ha tardado casi cuatro años en hacerlo tras abrir las primeras pesquisas en la primavera de 2010- y que, por tanto, no podría facilitar muchos más datos hasta que se aclare si son los mismos hechos ya investigados por la Audiencia y, por lo tanto, si debería suspender su procedimiento. En la mayoría de los casos, sin embargo, no sería necesario -el regulador se centra en los controvertidos casos de operaciones que la jurisdicción penal ha excluido-, a la vista de las propias resoluciones que el juez ya ha enviado a la CNMV.

FUENTE: www.laverdad.es

La primera sentencia cántabra de preferentes de Ceiss condena al banco

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander ha condenado a Caja  España (CEISS, Banco de Caja España de Inversiones de Salamanca y Soria) a devolver 30.000 euros de participaciones preferentes y cédulas hipotecarias de la entidad a una viuda de 77 años de Cantabria.

   Según la sentencia, --la primera contra esta entidad en la región y a la que ha tenido acceso Europa Press--, la mujer ha trabajado toda la vida como ama de casa y cuenta con una formación "básica". En julio de 2004 enviudó y quedó a cargo de una sobrina. Tras subrayar que el matrimonio era cliente de la entidad "desde tiempo inmemorial", el fallo contextualiza la contratación de ambos productos en la relación de "confianza" de la clienta con la subdirectora de la oficina que los comercializó, ubicada en la calle Burgos de Santander.

   Concretamente, señala que la mujer, defendida por el abogado José Ángel Ecenarro, suscribió las preferentes (18.000 euros) en noviembre de 2004, después de que la empleada le ofreciera "en apenas 10 minutos" un nuevo producto de mayor rentabilidad, pero sin explicarle "los riesgos que entrañaba" y que, si hubiera "conocido", se habría "abstenido de contratar", apunta el juez Jaime Francisco Anta.

   Esta operación, en la que la empleada "convence de la bondad" de las preferentes a la mujer, que creyó así que estaba contratando un producto "de ahorro líquido y seguro", se "repitió" en 2011 en un "escenario idéntico", en este caso con la adquisición de las cédulas hipotecarias (12.000 euros) que le ofreció otro empleado. Esta última operación se produjo a pesar de que, como apunta el fallo, los preceptivos test (Mifid y de conveniencia), que se suscribieron "el mismo día y a la misma hora" y que se caracterizan por un "lenguaje críptico" y una "grafía pequeña", dieron como resultado "no conveniente".

   Y aunque Caja España alegó que la avanzada edad, estado de viudedad o dedicación a una actividad ajena a la financiera, bancaria o del mercado de valores no "impide" que la mujer pueda "comprender" el producto, achacándola también un perfil "inversor" a raíz de un fondo garantizado de renta fija de 6.000 euros que suscribió en 2008, el magistrado rechaza estos argumentos y subraya que se trata de "un tipo de cliente que para una entidad financiera debe merecer un cuidado especial".

   Destaca así, además de la ausencia de estudios y formación académica o el hecho de que la mujer estuviera "recién enviudada" cuando se contrataron las preferentes, su perfil conservador, ya que "un fondo de inversión garantizado y de mínimo riesgo no convierte" a la afectada en "una inversora avezada". Un perfil que corroboró en el juicio la sobrina, al testificar la "zozobra y sorpresa" de su tía cuando se enteró de que su dinero estaba "retenido".

   El juez también alude a la edad, un dato "objetivo" del que se deduce el perfil conservador de la cliente, pues si no ha "afrontado peligros financieros en los primeros tres tercios de su vida, resulta extraño y anómalo que decidiera arriesgarse a última hora, cuando la recuperación resulta muy difícil".  Por todo lo anterior, el magistrado declara nulos los dos contratos, de preferentes y cédulas hipotecarias, y condena a Ceiss a devolver los 30.000 euros y al pago de las costas, así como al abono del interés legal desde la fecha de ambas contrataciones.

FUENTE: www.europapress.es

 

SU ÚNICA ESPERANZA SON LOS TRIBUNALES

16.500 preferentistas de Ceiss se quedan sin dinero por no acudir al canje de Unicaja

El cierre de la absorción de Ceiss (Caja España-Duero) por Unicaja ha dejado a 16.460 antiguos titulares de preferentes y subordinada fuera del canje ofrecido por Unicaja, el 38,7% del total, por un importe de unos 570 millones. Este rechazo implica dar por perdido todo su dinero, puesto que se quedarán con los bonos convertibles (CoCos) que han recibido de Ceiss, que en 2015 se convertirán en acciones ilíquidas de la filial de Unicaja. Su única salida es acudir a los tribunales, donde les espera una batalla larga, cara y complicada, puesto que los criterios del arbitraje del FROB eran más laxos que los de los tribunales.

Según ha comunicado Unicaja a la CNMV, los tres días de prórroga que concedió a finales de enero a los antiguos preferentistas para acudir al canje, una vez que se confirmó que éste era irrevocable, sólo sirvieron para elevar el porcentaje de aceptación del 60,6% hasta el 61,3%. Eso significa que el 38,7% restante no acudió al canje y no ha recibido los CoCos de Unicaja que se convertirán en acciones cuando salga a bolsa. Mientras Unicaja no se fusione completamente con Ceiss (de momento sólo la ha filializado), no tendrán acciones cotizadas de la entidad andaluza y, en consecuencia, no podrán venderlas para recuperar su dinero.

El propio FROB alentó la inacción por parte de estos antiguos preferentistas al admitir que, si la operación con Unicaja no salía adelante, Ceiss sería nacionalizada y habría un arbitraje como el de Bankia, con una mayor parte de dinero en efectivo para los afectados. Sin embargo, cuando Braulio Medel aceptó seguir con la fusión pese a que no se alcanzó el 75% de aceptación al que estaba condicionada, se eliminó de raíz esa posibilidad: no habría nacionalización y la única alternativa –dejando a un lado los tribunales– era acudir al canje, como alertó El Confidencial, para lo que se concedieron tres días de plazo extra. Sin embargo, muy poca gente lo hizo.

¿Cómo se explica tanto rechazo?
¿Por qué acudió tan poca gente? Hay que partir de la base de que la mayoría de esos afectados no debieron comprar nunca preferentes o subordinada –como en el resto de entidades–, puesto que no fueron informados adecuadamente de las características y riesgos del producto o no mostraron la diligencia debida a la hora de decidir dónde metían su dinero. De ahí que no entiendan por qué tienen que perder dinero con el rescate de Ceiss, mediante la famosa quita ya aplicada en el canje por los CoCos, ni por qué tienen que canjearlos ahora por acciones de Unicaja. Ellos no quieren ser accionistas de un banco propiedad de una caja malagueña que no conocen, ellos quieren 'sacar' su dinero del producto en el que lo invirtieron. Obviamente, esto genera un rechazo a aceptar cualquier iniciativa que venga de quienes les han metido en este lío y se niegan a devolverles lo que es suyo.

El presidente de Unicaja, Braulio Medel. (Efe)El presidente de Unicaja, Braulio Medel. (Efe)

Luego está el influjo de quienes querían aprovecharse de su situación, abogados y asociaciones de usuarios de banca, que alimentaron la confusión y la desconfianza para evitar que estos afectados acudieran al arbitraje. Este era un proceso gratuito, rápido y, sobre todo, que no requería de abogado ni procurador. Por ello, el objetivo de estos asesores era pintarlo como un nuevo engaño para provocar el rechazo de los perjudicados, llevarlos de la mano a los tribunales y cobrar sus honorarios (que en algunos casos llegan hasta el 50% de lo que recuperen).

En tercer lugar, tenemos la responsabilidad del propio FROB y Unicaja, que no diseñaron un plan para hacer sencillo y atractivo el canje. La oferta de Unicaja era muy pobre inicialmente –suponía una segunda quita después del canje inicial de los híbridos por CoCos de Ceiss– y los intentos de mejorarla posteriormente han sido muy confusos y atropellados: primero se puso en marcha un arbitraje, pero exigía renunciar a las acciones judiciales antes de saber si iba a ser favorable; luego se habilitó un simulador para solventar ese problema, pero apenas se le dio difusión y muchos afectados desconocían su existencia; finalmente, Unicaja incluso ofreció a los rechazados en el arbitraje recuperar el 53% de su dinero. Todo esto suponía que a los afectados –que sólo querían recuperar su dinero en efectivo y no querían saber nada de CoCos ni de Unicajas– les contaban una cosa distinta cada vez que iban a la oficina. Por si fuera poco, la CNMV incluyó una serie de advertencias en el folleto de la oferta que contribuyeron a asustarlos aún más.

Encomendarse a los tribunales
Entre todos han contribuido a que estos 16.500 se queden fuera y hayan perdido inicialmente su dinero, sin olvidar la propia responsabilidad de los afectados. Unos afectados que ahora sí que ya no tienen más salida que acudir a los tribunales, pagar abogado, procurador y tasas, esperar lo que haga falta y confiar en que su caso prospere tras los presumibles recursos con que se van a encontrar si les dan la razón en primera instancia. Con el añadido de que, según el FROB, si hubiera sido rechazado en el arbitraje también va a serlo en los tribunales porque no cumple los requisitos para que se hable de mala comercialización (patrimonio elevado, conocimientos financieros, cartera de productos sofisticados, información suficiente firmada, etc.) y porque los criterios del arbitraje son más laxos que los de los tribunales.

El director general del FROB, Antonio Carrascosa. (Efe)El director general del FROB, Antonio Carrascosa. (Efe)

Ahora bien, Medel ha arrancado al FROB –dentro del paquete de garantías que le ha concedido para quedarse con Ceiss– una cobertura con dinero público del 71% de lo que le obliguen a pagar los tribunales, hasta un máximo de 241 millones. Eso significa que, como la cantidad de preferentistas que no han acudido al canje ha sido mucho mayor de lo que nadie esperaba, Unicaja tendrá que asumir un riesgo potencial de 329 millones con el que no contaba. No obstante, eso sólo ocurrirá en el improbable caso de que los jueces den la razón a todos los afectados, y dentro de bastantes años.

FUENTE: www.elconfidencial.com