Preferentes y deuda subordinada de Caja España: ¿Quién responde?
Caja España (inicialmente conocida como Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de León) nació - según su declaración de intenciones- como “una
institución financiera exenta de lucro mercantil, con carácter de caja
general de ahorro popular, por lo que debe destinar los beneficios netos
obtenidos en cada ejercicio a constituir reservas para mayor garantía
de los fondos administrados, financiar su propio desarrollo y realizar
las obras sociales previstas en sus fines específicos”.
Pues
bien, esta Entidad que constituyó en su día un legítimo orgullo de los
leoneses, ha devenido en un desguace anunciado, debido a que una fauna
constituida por políticos, sindicalistas y financieros de medio pelo, de
la más variada condición, la tomaron literalmente al asalto. Y ahora
¿qué tenemos los leoneses?: un barco naufragado, cuyos despojos se
quiere repartir, para más, inri, otra Caja que, al parecer, ha tenido
más suerte con sus gestores.
Resultado: cientos de trabajadores a
la calle, un agujero de más de 600 millones de euros y una monumental
estafa consentida desde el Poder Político (Banco de España y C.N.M.V.) a
través de la comercialización de unos productos tóxicos (preferentes y
deuda subordinada) que ha condenado los ahorros de miles de leoneses
(más de 25.000 solo en la provincia), en la mayoría de los casos
pensionistas, que, el único delito que han cometido, ha sido confiar en
una Institución gobernada por unos “listillos” que, en los años del
“todo vale” han hecho de su beneficio particular, norte y guía de sus
conductas.
Y ¿qué pasa con los presuntos responsables de tal
desaguisado? Pues, como suele ocurrir, aflora la “omertá” o ley del
silencio y nadie responde de nada. En otras Cajas del resto de España
(Bankia, Caixa Cataluña, Castilla la Mancha, etc), al menos, se están
exigiendo en los Juzgados y en la calle a los Blesa, Serra, Hdez Moltó,
etc. responsabilidades, incluso penales, por delitos societarios, mala
administración, etc. En Caja España, por lo que se ve, todo ha sido un
modelo de administración.
Y a este respecto ¿dónde está la
Fiscalía Anticorrupción, defensora, por imperativo constitucional, del
interés público tutelado (Art. 124 de la Constitución) y con
competencias para promover la exigencia de responsabilidades?: al
parecer, ni está ni se la espera.
¡De vergüenza!
FUENTE: www.leonoticias.com
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